Angélica Moya Marín, presidenta municipal de Naucalpan, dio a conocer que su administración encontró un pagaré por 130 millones de pesos firmado por la anterior alcaldesa, Patricia Durán Reveles, y por el entonces titular de la tesorería, Leopoldo Corona Aguilar, cuya falta de liquidación ha provocado que el municipio tenga embargadas las cuentas del Programa Federal del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), por lo que anunció una nueva demanda contra los responsables.
La actual titular del gobierno local indicó que esta situación agudiza la posibilidad de maniobrar de las autoridades municipales, pues el FAIS forma parte de uno de los ocho fondos que integran el Ramo 33, dinero destinado al financiamiento de obras y acciones sociales básicas, conforme a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, donde la intención es favorecer directamente a sectores de población en condiciones de rezago social y pobreza extrema.
“En nuestro gobierno no permitiremos que el poder y las ambiciones personales dejen desprotegidos a los naucalpenses; aquí trabajamos por la justicia y la legalidad, trabajamos tomando buenas decisiones, aseveró Angélica Moya, quien estuvo acompañada por el titular de la Dirección General Jurídica y Consultiva, Gabriel García Martínez.
El cabildo del pasado gobierno nunca autorizó la firma del pagaré que hoy es reclamado por la empresa que dio el dinero, cuya fecha de reembolso era el 31 de marzo de 2020, plazo que la gestión de Patricia Durán Reveles no cumplió, por lo que actualmente hay reclamos del pago y de los intereses.
Moya Marín precisó que de esos recursos fueron pagados 105 millones de pesos, quedando por liquidar 2, y que hasta el momento, el reclamo es solventar el pago del documento, más los intereses.
Gabriel García, denunció que hay dos vías en las que pueden actuar legalmente, una de ellas es la administrativa, la cual está dirigida a la contraloría interna, y la otra es la penal. El funcionario reiteró que el pagaré rubricado por la ex alcaldesa, Patricia Durán Reveles y Leopoldo Corona, se realizó bajo la apertura de una línea de crédito, sin el obligado acuerdo de cabildo, en la que incurriendo en irresponsabilidad y pueden ser sancionados, además de resarcir el daño.
La empresa Micro Credit, S. A.P. I. De C V. SOFOM, ENR, reclama la liquidación del pagaré firmado por 130 mdp, a reembolsar a más tardar el 31 de marzo del 2020, y que no hizo, ajustándose a la aplicación de intereses moratorias y que en su momento, aceptó las condiciones.
“De la revisión que se estuvo haciendo de este asunto se verifica que, en primer lugar, no se contaba con un antecedente de registro ni en la tesorería municipal ni en la dirección jurídica como un antecedente que quedara como un tema pendiente”, dijo el funcionario.
“También se estuvo verificando cuál fue la razón por la que se firmó este pagaré. Ya con la investigamos que estuvimos realizando y que fue más que nada por la propia empresa que está demandando, vimos que es por la firma de un contrato de factoraje financiero, a través del cual se verifica que la administración pasada, a finales de octubre de 2019, determinó la insolvencia económica, la falta de recursos, por lo cual llevó a cabo este contrato de factoraje financiero sin autorización del cabildo”.
Esto implicó que contrataran una línea de crédito de 130 millones de pesos, sin que existiera la autorización del cabildo y sin que existiera un proceso para revisar con qué empresa se podía llevar a cabo en las mejores condiciones y como se ve esta línea de crédito no fue con una institución bancaria sino con una sociedad financiera de objeto múltiple”, dijo.
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