El Congreso del Estado de México aún no logra reunir los votos necesarios para sacar adelante las reformas al Código Penal, para permitir la interrupción legal del embarazo en las primeras 12 semanas de gestación, como ocurre en 10 de las 32 entidades que integran el país, indicó la diputada Anaís Miriam Burgos Hernández.
Durante el primero de cuatro foros que promueve para conocer las posturas de diversos actores y sectores, reconoció que la bancada parlamentaria de Morena no puede sacar adelante esta iniciativa de ley porque sólo tiene seguros 29 votos, más dos de los tres petistas y los tres del PRD, con lo que suma 35 y requieren 38 a favor, por lo que sigue cabildeando el tema.
La legisladora reconoció que existen posiciones radicalmente distintas, en algunos casos con posturas sustentadas en discursos morales y en otras en la libertad de conciencia y temas sanitarios, donde las personas conservadoras niegan la posibilidad de que la interrupción pueda ser legal, pese a que el aborto y la maternidad van de la mano y se relacionan con la libertad.
“Las iniciativas que existen en la Legislatura plantean el asunto como un tema de justicia social y sanitario; si hay derecho a tener hijo se debe tenerlo a no procrear, sin privilegiar uno sobre otro y tener claro que las y los diputados no fueron electos para legislar bajo preceptos morales o creencias religiosas, sino para conquistar libertades” señaló.
Gloria Pimentel, egresada de la UNAM, especialista en salud, sociología y género, dio a conocer que ya son 10 los estados que reconocen este derecho, donde empezó la Ciudad de México y varios años después le siguió Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Baja California y Colima. Hasta este año se aprobó en Sinaloa, Guerrero, Baja California Sur y Quintana Roo.
El Estado de México, dijo, podría convertirse en la entidad 11, luego del amplio reclamo que existe, pues son el grupo externo que más interrupciones registra en los hospitales de la Ciudad de México donde de 2007 al 2022 se atendieron a 252 mil 760 mujeres, de las cuales 69,030 fueron provenientes de la entidad mexiquense.
Es evidente, dijo, que donde hay leyes restrictivas, tres de cada cuatro abortos se practican en condiciones de inseguridad, pues los estudios existentes señalan que tan sólo en 2018, 47 por ciento de las muertes por aborto se concentraron en seis entidades encabezadas por el Estado de México.
Entre 2010 y 2018 murieron 90,562 mujeres menores de 40 años por causas relacionadas con el aborto practicado en condiciones de riesgo, de las cuales 9 por ciento eran menores de 18 años, 32 por ciento de 18 a 30 años; 34 por ciento reportó tener afiliación al entonces seguro popular y 26 por ciento no tenía acceso a ningún servicio de salud.
La psicóloga, Jacqueline Mota Palma, dio a conocer que con base en la consulta que lleva a cabo, en el tema del aborto hay mucha culpa y circunstancias distintas, donde las mujeres son presionadas a partir del discurso del dolor, poniéndolas en desventaja en la toma de decisiones.
Las ponentes y asistentes insistieron que este tema se debe ver como una libertad y un derecho a decidir, además de salud pública, donde se debe garantizar la atención gratuita.
Pidieron que se dictamine la ley y se deje de legislar con motivos religiosos.
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