La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, se comprometió a encabezar una administración con “cero corrupción” y un gobierno cercano al pueblo, por lo cual fortalecerá el Sistema Anticorrupción, evitará el desvío de recursos, mantendrá el contacto con la ciudadanía a través de las audiencias públicas, fomentará la participación ciudadana y garantizará la transparencia.
En el Plan de Desarrollo del Estado de México 2023-2029 refiere que las estadísticas del Inegi muestran que el Estado de México es una de las entidades con mayor incidencia de corrupción, por lo cual se impedirá el desvío de recursos públicos, la concesión de beneficios a terceros a cambio de gratificaciones; se eliminará la extorsión, el tráfico de influencias, el amiguismo, el nepotismo, el soborno, el compadrazgo y el enriquecimiento ilícito.
Además, se frenará la exención de obligaciones, la condonación de impuestos, así como el aprovechamiento del cargo para lograr beneficios personales, para lo cual se buscará mejorar las capacidades del Sistema Estatal Anticorrupción y de la Secretaría Ejecutiva del Sistema, sancionar a las personas servidoras públicas que incurran en faltas administrativas y disciplinarias; se buscará también consolidar el modelo de participación ciudadana y el presupuesto participativo.
En el Plan se reconoce que la Secretaría Ejecutiva y el Sistema Estatal Anticorrupción, así como la Fiscalía Especializada no han rendido los frutos deseados, pues de 4 mil 987 carpetas por hechos de corrupción, la mayoría hacía énfasis en el abuso la autoridad, pero solo 100 fueron judicializadas y apenas 35 derivaron en una sentencia condenatoria.
Según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del 2021, realizada por el Inegi, las cinco instituciones y actores públicos que generan mayor desconfianza en el Estado de México son: las policías con 44.4 por ciento; el Ministerio Público con 37.8, los partidos políticos 37.1, el gobierno Estatal 24.6 y los gobiernos municipales 23.9 por ciento.
Tres de cada 10 mexiquenses consideran el mal desempeño del gobierno como uno de los grandes problemas; dos de cada 10 hablan de la mala aplicación de la ley y la falta de coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno, y uno de cada 20 de la falta de rendición de cuentas.
Para combatir esto, las líneas de acción son: realizar audiencias públicas periódicas en las distintas regiones del estado, brindar atención directa de los servidores públicos a la ciudadanía en las colonias y comunidades; contar con canales de comunicación permanentes eficaces y accesibles a la ciudadanía mediante medios digitales y presenciales; implementar mecanismos de supervisión de la actividad notarial que garanticen tolerancia cero a la corrupción y malas prácticas, incrementar la eficacia y eficiencia de la capacidad de fiscalización y control de los recursos públicos.
Aunado a garantizar que la ciudadanía tenga acceso a la información pública completa, actualizada y útil de forma sencilla, sin recurrir a las solicitudes de información y sanciones a los sujetos obligados que se resisten a brindar información.
Impulsar la participación ciudadana mediante la consulta popular y la consulta de los grupos en situación de vulnerabilidad en el proceso de creación y modificación de normas; promover la mejora de los mecanismos y medios de denuncia, investigación, análisis y resolución de carpetas por presuntos actos violatorios de derechos humanos, implementar la Ley de Justicia Cívica, entre otras acciones.
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