El diputado Edmundo Luis Baldeña Bastida pidió reformar el artículo 11 de la Ley de Bienestar y Desarrollo Social del Estado de México para priorizar a hijas e hijos de mujeres jefas de familia en zonas rurales, cuando se trate de programas de educación y permanencia escolar, por la alta tasa de abandono que existe en estas regiones.
La iniciativa fue presentada en la comisión legislativa de Desarrollo y Bienestar Social, donde acordaron llevar a cabo una siguiente reunión para presentar propuestas para complementar la iniciativa de ley y aprobarla en este mes y que pueda entrar en vigor lo antes posible, para favorecer a quienes están en una condición más vulnerable.
“En el Estado de México, la educación constituye uno de los principales instrumentos de comunicación social, cohesión comunitaria y reducción de la desigualdad estructural. No obstante, su acceso no se distribuye de manera equitativa, particularmente en contextos rurales donde convergen múltiples factores de vulnerabilidad”, acotó.
De acuerdo con el INEGI y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, más del 40 por ciento de la población en zonas rurales de la entidad se encuentra en situación de pobreza, donde destaca una proporción de niños, niñas y adolescentes que presentan rezago educativo por la falta de apoyo para permanecer en los servicios educativos.
La tasa de abandono escolar, es mayor en localidades rurales, particularmente en los niveles de secundaria y nivel medio superior.
Las familias encabezadas por mujeres representan uno de los sectores con mayor nivel de vulnerabilidad y el INEGI señala que tres de cada 10 hogares en la entidad tienen jefatura femenina, condición que se agrava en zonas rurales, donde además existe una alta informalidad laboral y una carga desproporcionada de trabajo doméstico y de cuidados no remunerados que recaen en las niñas y mujeres.
Esto, incide directamente en las oportunidades educativas de niñas, niños y adolescentes. La desigualdad educativa no es únicamente un problema de acceso, sino de permanencia y condiciones estructurales y, frente a esta realidad, el diseño de la política pública debe transitar hacia esquemas diferenciados que reconozcan las brechas existentes.
La equidad implica priorizar a quienes enfrentan mayores desventajas, a fin de garantizar el ejercicio de sus derechos, por lo cual la iniciativa propone incorporar a la Ley de Bienestar y Desarrollo Social del Estado de México un criterio de prioridad, para que los programas de educación obligatoria y de fomento a la permanencia escolar atiendan preferentemente a las hijas e hijos de mujeres jefas de familia, en las zonas rurales.
Con ello, se podrán focalizar de manera más eficiente los recursos públicos sin generar nuevas cargas presupuestales al optimizar los programas existentes, con una propuesta congruente con la política social actual.
“Fortalecer la permanencia escolar de niñas, niños y adolescentes en contexto de vulnerabilidad no solo representa una acción de justicia social, sino una inversión estratégica para el desarrollo del Estado de México, al contribuir a romper ciclos de pobreza y ampliar las oportunidades de desarrollo”, resaltó el morenista.
