El gobierno municipal de Naucalpan, encabezado por Isaac Montoya, abrió un proceso de diálogo con habitantes que se oponen a la realización de espectáculos nocturnos dentro del Parque Naucalli, luego de las protestas generadas por la instalación de la llamada “Experiencia del Bosque Prohibido”, actividad inmersiva relacionada con el universo de Harry Potter. La inconformidad surgió por el uso de una superficie del parque para instalar la infraestructura necesaria para el espectáculo, así como por las condiciones en que ingresó maquinaria al inmueble. Vecinos señalaron afectaciones en la trotapista, mientras que el área destinada al montaje quedó restringida mediante una malla negra.
Tras las quejas, personal municipal realizó trabajos en el tramo de la pista señalado como afectado. Dentro del perímetro utilizado para la actividad también fueron colocadas estructuras alusivas al espectáculo, entre ellas una representación del Patronus, personaje asociado con la saga literaria y cinematográfica.
Integrantes de la Alianza de Ciudadanos Naucalpan acudieron al Palacio Municipal para expresar su rechazo a la utilización del parque para actividades nocturnas. Los inconformes sostienen que el espacio debe conservar su función recreativa y deportiva, además de exigir que cualquier proyecto que modifique las condiciones de uso de las áreas comunes sea sometido a revisión pública.
Ante la presión vecinal, autoridades municipales plantearon la instalación de mesas de trabajo para escuchar las posiciones de los habitantes y analizar las condiciones bajo las cuales podría desarrollarse el espectáculo. El gobierno local señaló que se tomarán en cuenta las distintas posturas antes de determinar la viabilidad de la actividad. Los ciudadanos, sin embargo, ya recurrieron a la vía jurídica para intentar frenar el proyecto.
De acuerdo con los inconformes, fueron promovidos amparos con el propósito de impedir que el evento se realice en el parque. Hasta el momento de la protesta, señalaron que el Ayuntamiento no había recibido la notificación correspondiente.
El conflicto también abrió cuestionamientos sobre los criterios empleados por la administración municipal para autorizar actividades comerciales o de entretenimiento en instalaciones públicas. Los residentes demandan conocer las condiciones bajo las cuales se permitió la ocupación del inmueble, las medidas previstas para proteger su infraestructura y las obligaciones establecidas para quienes desarrollen actividades dentro del espacio.
Los vecinos han planteado que el problema radica en la posibilidad de destinar una zona de uso colectivo a una actividad con fines comerciales sin que exista, según su versión, suficiente información pública sobre sus impactos. La fecha prevista para el inicio de la experiencia era el 23 de octubre. Mientras se define su situación, el espacio permanece delimitado y continúan las acciones sobre la infraestructura afectada.
