Un juez del Estado de México sentenció a 40 años de prisión a Omar Leyva Montalvo, quien se desempeñaba como Subdirector de Seguridad Ciudadana de Naucalpan, al comprobarse su responsabilidad en un caso de extorsión cometido contra automovilistas en ese municipio.
El ahora sentenciado fue detenido en noviembre de 2024 durante la Operación ‘Enjambre’, estrategia mediante la cual la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ha llevado ante la justicia a diversos exmandos policiales vinculados con delitos graves.
Las investigaciones establecieron que los hechos ocurrieron el 6 de septiembre de 2024, cuando Leyva Montalvo, a bordo de una patrulla oficial y en compañía de otro individuo no identificado, cerró el paso a las víctimas que circulaban en un vehículo particular.
Tras descender de la unidad, exigió con insultos el pago de 4 mil pesos a cambio de dejarlos continuar.
Una de las víctimas fue obligada a subir a la patrulla, donde el mando la golpeó y amenazó con desaparecerla, lo que derivó en la entrega del dinero solicitado.
Además del caso por el que fue sentenciado, la Fiscalía cuenta con información que lo vincula con un grupo delictivo con presencia en Naucalpan, al cual presuntamente proporcionaba datos sobre operativos policiales y protección aprovechando su cargo.
“De manera adicional, se cuenta con información que establece la probable relación del sentenciado con un grupo criminal con presencia en Naucalpan, al cual presuntamente entregaba información sobre los despliegues de seguridad y brindaba protección utilizando su rango”, señaló la dependencia.
La detención de Leyva Montalvo se concretó durante un despliegue en el que participaron la Fiscalía mexiquense, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad estatal.
La operación contó con información del Centro Nacional de Inteligencia y con el análisis del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, lo que permitió judicializar expedientes contra servidores públicos que favorecían o participaban en actividades delictivas.
