Operan tiraderos de cascajo pese a estar clausurados en Naucalpan

En Naucalpan ha proliferado la operación de tiraderos clandestinos de cascajo, a los que llegan camiones de la demarcación, la cdmx o de municipios vecinos, como Atizapán de Zaragoza, para descargar desechos de construcciones.
Amaya Bernárdez, directora de Medio Ambiente municipal, calificó la problemática como un cáncer, pues pese a que los lugares son asegurados, los encargados quebrantan sellos para continuar con el negocio.

En lo que va del año, el Ayuntamiento, en conjunto con la Fiscalía Especial para Combatir los Delitos contra el Medio Ambiente, ha clausurado 5 de este tipo de tiros, en Ejido de Santiago Occipaco y en San Francisco Chimalpa.

En 3 de los casos, los encargados habían roto los sellos de suspensión que tenían para continuar operando.

Bernárdez apuntó que quienes hacen esta actividad irregular aprovechan que en el Estado de México hay una regulación menor, en comparación con la cdmx, en cuanto a sanciones para quien transporta y tira el cascajo en lugares no autorizados.
“Los operativos son más porque los intentan reabrir, pero han sido 5 sitios distintos”.
“Se calcula que vienen camiones de la Ciudad de México, puesto que la normatividad ahí es menos laxa, de otros municipios y también del propio Naucalpan“, explicó la funcionaria.

En un caso reciente, autoridades clausuraron uno de estos tiraderos en San Francisco Chimalpa, a la altura del kilómetro 8.5 de la Carretera Naucalpan-Toluca, acción en la que detuvieron a seis personas.

Dicho lugar había sido cerrado el año pasado, pero desde abril volvió a operar.

“(Los daños al medio ambiente son) la compactación del suelo, el derribo de la fauna nativa, por lo tanto, el alejamiento, la dispersión de la flora nativa, la falta de captación hídrica, tiran los árboles, al tirar el cascajo, tiran árboles”, comentó.
Adelantó que otro tiradero clandestino continúa operando en el kilómetro 14.5 de la Carretera Naucalpan-Toluca, en Chimalpa, en el cual esperan intervenir junto con la Fiscalía de Justicia.

“El riesgo (en los operativos) es elevadísimo, por eso hay que acudir con las fuerzas públicas”, puntualizó.

“Me parece que es un cáncer, es algo ilegal, algo contra el ambiente, algo que está muy penado y que, sin embargo, se hace a la vista de todo el mundo”.

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Redacción
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